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Los hechos políticos ocurridos en el Ecuador desde diciembre de 2004 demuestran que hay justificaciones para todo, incluso para hacer tabla rasa de las instituciones republicanas en función de la vendetta política de corto alcance. Todos los poderes del Estado colapsaron al unísono en el Ecuador, azotados por el populismo extremo que se impuso en un país absolutamente corporativizado, por la deslegitimación de los partidos políticos e incluso de las organizaciones sociales, como los indígenas, que en la década pasada lucharon por el cambio social. Con una controvertida decisión del Congreso, exigida por el levantamiento de la clase media quiteña, incontenible en las últimas semanas, el 20 de abril de 2005 terminó el gobierno de Lucio Gutiérrez (inaugurado el 15 de enero de 2003). Gutiérrez cayó víctima de sus propios errores y de la política desarticuladora que ensayó durante todo su gobierno. Había gozado del apoyo incondicional de las fuerzas armadas, que pareció involucrarse tanto en su gestión que mucha gente llegó a pensar que éste era un "gobierno militar" más. También la embajada de los USA había demostrado simpatía al gobierno, al igual que una mayoría parlamentaria que se formó a última hora a expensas del reparto de canonjías y de la corrupción. Gutiérrez quiso controlarlo todo: Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral. Pero la gota que derramó el vaso fue el arribo, facilitado por el gobierno, del ex presidente Abdalá Bucarán, acusado de corrupción, y el intento de los partidarios de Gutiérrez de entrar en Quito para enfrentar al pueblo con mercenarios armados contratados por su partido, Sociedad Patriótica. La participación de las fuerzas armadas y de la ex cúpula militar (cuyos alcances están en evaluación por parte de la Fiscalía General de la Nación) tanto en el gobierno de Gutiérrez al que apoyaron designando miembros en servicio activo, para ocupar altos cargos públicos y para administrar las Aduanas; como en los hechos del 20 de abril que dejaron entrever que se preparaba una dictadura para sostener al Presidente o para asumir el poder por sí mismos, revelan una vez más la grave politización a la que han sido conducidos por una política manipuladora desde la presidencia de la república y de la cual no pudieron diferenciarse tajantemente, afectando a los objetivos institucionales y produciendo el resquebrajamiento interno. Todo ello requiere que, de una vez por todas, el país inicie, de manera consensuada, un proceso de reforma militar y policial que se considera urgente, pues los hechos han llegado a tal punto que los cambios que lleven a la modernización y a la profesionalización militar no pueden esperar por más tiempo.