Abstract:
El sistema de protección social ecuatoriano se guía por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Sin embargo, las condiciones estructurales de la economía ecuatoriana -altamente dependientes de la extracción de recursos primarios-, así como la elevada vulnerabilidad debido a la poca capacidad de asimilar la oferta de trabajo y generar ingresos adecuados constriñen varios de estos principios guía. La necesidad de un nuevo paradigma está presente desde antes de la pandemia del COVID-19. La dependencia del ciclo económico, vulnerabilidades institucionales y ausencia de controles efectivos hacen que el sistema sea altamente dependiente de la voluntad del gobierno de turno. Aún peor: la mercantilización del bienestar se profundiza con las reformas exigidas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que busca liberalizar las relaciones laborales y reducir los derechos. Esto aumenta el riesgo de caer en la desprotección. Las ganancias extraordinarias de los grandes grupos económicos durante la pandemia, así como las recientes filtraciones de incontables fortunas en paraísos fiscales, que se suman a la baja progresividad del sistema tributario, demuestran que existen recursos suficientes que deben ser mejor distribuidos. El sistema de protección social no puede ser rehén de condiciones coyunturales. Es hora de viabilizar una reforma estructural y un pacto fiscal a largo plazo para financiar la construcción de un piso de protección social que garantice derechos, se oriente a los principios guía de la protección social y erradique trampas de pobreza.