Abstract:
La economía ecuatoriana se encuentra frente a uno de sus mayores retos. Después de que la última década fuera de rápida expansión impulsada por los altos precios del petróleo y un nivel alto de inversión pública, Ecuador experimentó una desaceleración en el crecimiento del PIB a partir de la caída de los precios de los commodities en 2014 y se agudizó con el terremoto en 2016. El crecimiento se reanudó a un ritmo lento en 2017, pero ha permanecido estancado desde entonces. Ecuador enfrentaba ya tensiones económicas y fiscales extremas, que se han agravado con un escenario internacional de bajos precios del petróleo, acceso limitado al financiamiento internacional y el impacto negativo por el COVID-19. En 2020, se espera que la economía se contraiga en al menos un 7%, dejando no menos de $5200 millones en pérdidas para el sector privado. Esto ha tenido serias repercusiones para los hogares, con 1 millón de trabajadores en el desempleo y apenas 18 de cada 100 con un empleo adecuado. Estas condiciones han generado una caída en el ingreso per cápita de los hogares en al menos 15%, con un impacto mayor en los deciles 1 y 2 de la distribución del ingreso. Bajo las condiciones actuales, la tasa de pobreza refleja un incremento de 12 puntos desde diciembre 2019; con una trayectoria que dejaría al menos a 32 de cada 100 ecuatorianos en esta condición, borrando los avances alcanzados durante las últimas dos décadas. En este marco de crisis, el gobierno ecuatoriano ha tomado medidas de emergencia que por ahora son insuficientes; tanto a nivel de hogares con un Bono de Emergencia cuyo soporte al consumo de los hogares del 40% más pobre es discreto; como en la estrategia de financiamiento y apoyo a las empresas donde la estrategia dominante ha apuntado mayoritariamente a flexibilizar el mercado laboral. En este contexto, ¿qué le espera a la economía ecuatoriana? El presente artículo plantea el análisis de los efectos económicos de la pandemia, a la luz de las limitaciones estructurales que los han exacerbado.